Bukele libera 8000 detenidos inocentes luego de dos años

Tras dos años de persecución a las pandillas en El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele ha metido en prisión a un número desconocido de personas a las que ha acusado de pertenecer a estas bandas criminales. Sin embargo, muchos de ellos han sido encarcelados a pesar de alegar su inocencia y hoy el gobernante recula dejando a 8000 de ellos en libertad.
Los 8000 inocentes liberados hasta la fecha, fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que estableció Bukele hace dos años y medio para luchar contra las pandillas del país.
“Obviamente las operaciones no son perfectas y, sin ninguna intención de dañar a una persona inocente, algunos inocentes son obviamente capturados de la misma manera que ocurre en Francia, Alemania y Japón y en todos los países del mundo. Ya estamos liberándolos. Ya hemos liberado 8.000 personas y vamos a liberar al 100% de inocentes”, dijo ante la prensa el gobernante.


Bukele sostuvo que “no hay ninguna policía del mundo que sea perfecta” y que se capturan a personas a quienes el sistema judicial libera. Al mismo tiempo, el mandatario arremetió contra grupos defensores de derechos humanos, asegurando que inventan cifras erradas de detenciones y muertes para “perjudicar al gobierno”.
El presidente salvadoreño dijo en respuesta a una periodista que se hacía eco de un informe sobre 30.000 inocentes detenidos de que estas cifras son inventadas por organizaciones de oposición y ha instado a los organismos a presentarle un registro con las pruebas que demuestren tal condición.
Sin embargo, la liberación de 8000 reclusos inocentes, deja un buen espacio para interpretar que las denuncias expuestas contra el gobierno del ultraderechista, tienen un buen asidero.
Familiares de inocentes que han salido de las cárceles han cuestionado las condiciones en las que han sido liberados, porque en la mayoría de los casos los procesos no han finalizado.
También han denunciado que no haya reparación del Estado en estos casos, a pesar de que así lo recoge la Constitución.