Boluarte declara ante la Fiscalía por su vinculación con muertes violentas
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rindió declaraciones este martes ante la Fiscalía de ese país que lleva a cabo una investigación para esclarecer su vinculación con las muertes en las protestas antigubernamentales ocurridas entre diciembre y marzo pasados.
Al salir de la sede del Ministerio Público peruano Boluarte evitó a los periodistas apostado a las afueras del edificio, mientras que la cuenta de la Presidencia en Twitter se limitó a reseñar que la comparecencia de la mandataria ya había terminado.
Sin embargo, el abogado de la presidenta, Joseph Campos, comentó a la prensa, antes de entrar a la citación, que la mandataria “no va a usar el silencio como un medio de defensa”, por el contrario, respondería a “todas las preguntas a la Fiscalía”.
La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, señaló que adelantan las indagaciones para comprobar la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves, a raíz de la muerte de 77 personas en las movilizaciones, 49 de las cuales fueron en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden desplegadas para reprimir a los manifestantes.
Según Boluarte tiene la intención de contribuir “a esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible” y que, por ese motivo, no iba a utilizar la prerrogativa de que su declaración sea tomada en el Palacio de Gobierno.
Otros citados
La Fiscalía peruana también investiga al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; a su antecesor, Pedro Angulo; a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes; y al actual ministro de Defensa, Jorge Chávez.
También citaron a declarar este lunes, como testigo, al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, pero este pidió que se cambie la fecha de la comparecencia.
Golpe de Estado contra Pedro Castillo
Las protestas estallaron en Perú tras el golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado -legalizado por el Congreso al aprobar su destitución-, y continuaron en enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte.
Al menos 49 civiles murieron durante esos enfrentamientos, mientras que las protestas dejaron en total 77 fallecidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de “ejecuciones extrajudiciales” en Perú.
