Plan de Justicia Inmediata llegó a La Guaira

Desde el Palacio de Justicia del estado La Guaira, se puso en marcha el Plan Justicia Inmediata que lleva adelante la Defensa Pública, con el fin de verificar y agilizar las causas penales desde las sedes jurisdiccionales o tribunales en fase de ejecución.

Así lo informó el Defensor Público General, Daniel Ramírez Herrera, desde el Circuito Penal de La Guaira, en Macuto. «En esta oportunidad los Defensores Públicos de La Guaira realizaron una revisión de 365 causas que llevan los tres tribunales de ejecución en esta circunscripción judicial».

Plan de Justicia Inmediata

Destacó que el Plan de Justicia Inmediata inició en el Área Metropolitana de Caracas, pasando por los circuitos de Miranda, Los Teques y Guarenas, como parte de la revolución judicial desde el Gobierno nacional.

Anunció el levantamiento de una data de privadas de libertad en La Guaira pendientes para optar a la reducción de la pena, «una vez que sea oficiado al Ministerio de Servicios Penitenciarios y el Ministerio de Interior, Justicia y Paz para que se emitan los requisitos y los jueces se puedan pronunciar».

Cómputos de penas

Desde que inició el Plan de Justicia se han ejecutado 300 libertades, realizados 568 cómputos, así como 547 antecedentes penales, se, además, 355 informes psicosociales pendientes para que los jueces puedan pronunciarse.

«Todo privado de libertad tiene derecho a que los Tribunales se pronuncien en un tiempo oportuno, a un estado social de derechos y de justicia que se le garantiza desde la Defensa Pública», expresó el Doctor Ramírez Herrera.

Resaltó el apoyo de las instituciones que integran el sistema de justicia del país y las regiones, quienes han logrado la ejecución de requisitos faltantes para el pronunciamiento oportuno de los jueces.

«Trabajamos para que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo Justicia, se pronuncie sobre el recurso de interpretación que realizamos; que (…) emitan su decisión y les concedan a los privados de libertad la fórmula o alternativa del cumplimiento de las penas, considerando el 75% de esta pena tanto en físico como las redenciones, por trabajo y estudio que es un derecho Constitucional», explicó el Defensor Público General.

Como mandato legal deben ser consideradas estas redenciones para el cumplimiento de pena y resguardo de los principios de progresividad y reinserción social.

«Para dar respuesta a lo establecido por el presidente Nicolás Maduro, en la cuarta línea estratégica de este año, en cuanto a consolidar el camino a la justicia (…) vamos a dar continuidad a este plan a nivel nacional», dijo Ramírez Herrera.