“Ajuste neoliberal” de Milei suma 63 mil despidos en el sector público
El Gobierno de Javier Milei ha ejecutado uno de los ajustes laborales más severos de la historia reciente de Argentina, eliminando 63.234 puestos de trabajo estatales en apenas dos años. Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esta cifra marca una caída estrepitosa del 18,4 % en el empleo público nacional entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025. El director del organismo, Hernán Letcher, confirmó que la medida responde a una política de choque orientada a reducir drásticamente el gasto público.
Esta drástica reducción de la plantilla estatal es el resultado de una estrategia deliberada de despidos masivos y la no renovación de miles de contratos temporales.
La magnitud del recorte ha generado una fuerte alarma social, ya que no se trata de una reestructuración aislada, sino de una desarticulación profunda de la estructura administrativa del país. Los datos reflejan una voluntad política de achicar el Estado a niveles mínimos, cumpliendo con los compromisos de austeridad exigidos por organismos financieros internacionales.
El impacto de las medidas de Milei se ha sentido con especial dureza en los organismos descentralizados, que gozan de autonomía técnica y financiera para gestionar servicios críticos. En este sector se contabilizaron 20.537 despidos, lo que representa una pérdida del 15 % de su personal operativo. Estas instituciones, encargadas de la regulación económica y de implementar políticas sociales fundamentales, han visto comprometida su capacidad de acción ante la falta de recursos humanos especializados.
La pérdida de personal en estas áreas afecta de manera directa a la prestación de servicios esenciales para la población más vulnerable. Al debilitar las entidades que regulan la economía y ejecutan la asistencia social, el Gobierno impone una lógica de mercado que deja al ciudadano sin red de contención. Esta reducción de la autonomía técnica del Estado es vista por diversos analistas como un riesgo para la estabilidad de las políticas públicas a largo plazo en todo el territorio nacional.
El golpe drástico a la administración central y el despliegue territorial
El Poder Ejecutivo nacional registró el ajuste más agresivo en términos porcentuales, con una baja equivalente al 30,2 % de su plantilla. Esto significa que 16.918 trabajadores de la administración centralizada fueron apartados de sus cargos en un periodo de 24 meses.
Esta medida busca concentrar el poder de decisión y eliminar lo que el actual Ejecutivo denomina «grasa estatal», aunque en la práctica ha dejado a ministerios enteros funcionando con personal insuficiente para sus tareas básicas.
El recorte no se limitó a las oficinas de Buenos Aires, sino que alcanzó a las dependencias con presencia territorial en todas las provincias. En estas sedes se registraron 3.199 despidos, una disminución del 12,8 % que afecta la llegada del Estado a las zonas más alejadas del interior del país. La retirada de funcionarios nacionales del territorio profundiza el sentimiento de abandono en las comunidades locales y centraliza la gestión de manera que dificulta la resolución de problemas cotidianos de la ciudadanía.
Consecuencias sociales: precarización laboral y deterioro del Estado
La estrategia de liberalización económica de Milei ha generado una profunda preocupación por el deterioro de la capacidad operativa del Estado argentino. Expertos advierten que este desmantelamiento institucional ocurre en un contexto de caída del poder adquisitivo y aumento sostenido de los niveles de pobreza.
La eliminación de miles de empleos públicos no solo incrementa la tasa de desocupación, sino que también precariza el mercado laboral general al presionar a la baja las condiciones de contratación en otros sectores.
El ajuste estatal, sumado a la recesión económica, ha creado un escenario social explosivo donde el desempleo creciente se combina con la falta de servicios públicos eficientes.
Mientras el Gobierno celebra el cumplimiento de sus metas fiscales, la realidad en las calles muestra un Estado debilitado que lucha por cumplir con sus funciones mínimas de educación, salud y seguridad. La magnitud de este recorte plantea interrogantes serios sobre la sostenibilidad de una gestión que prioriza el equilibrio contable por encima del bienestar social y la estabilidad institucional.
