Tribunal Federal frenó eliminación del TPS para venezolanos
En un fallo de alto impacto para la comunidad migrante, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de California dictó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad al intentar cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS). Esta medida buscaba eliminar el amparo legal para cientos de millas de personas, incluyendo a unos 600.000 venezolanos.
El panel de tres jueces calificó como «ilegales» las acciones del gobierno federal, ratificando una orden previa que impedía desmantelar el programa.
La jueza Kim McLane Wardlaw destacó en la sentencia que la cancelación del TPS ha forzado a miles de ciudadanos trabajadores —médicos, mecánicos y estudiantes— a perder sus empleos y hogares, separando familias de ciudadanos estadounidenses.
Por su parte, el juez Salvador Mendoza Jr. fue más allá en su opinión concurrente, señalando que existen pruebas de «animosidad por motivos raciales» y estereotipos racistas en las declaraciones de la administración para justificar el fin de las protecciones para venezolanos y haitianos.
Pese a la victoria judicial para los beneficiarios, el estatus de protección no se restituye de forma inmediata . Esto se debe a que la Corte Suprema ya había suspendido previamente la decisión del tribunal inferior mientras se resolvía la apelación. Actualmente:
- El gobierno federal puede apelar ante la Corte Suprema o solicitar una audiencia con el pleno del Noveno Circuito.
- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha calificado el fallo como una orden «activista» que socava las leyes de inmigración.
- Cerca de 350.000 venezolanos que llegaron en 2023 ya perdieron sus protecciones en octubre pasado tras una intervención de la Corte Suprema.
Antecedentes del conflicto por el TPS
El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un programa creado hace décadas para permitir que los extranjeros permanezcan y trabajen en EEUU cuando desastres naturales o conflictos armados hacen inseguro su regreso. Bajo la actual administración Trump, se ha iniciado una campaña para deportar a millones de personas, identificando al TPS como un obstáculo.
Países como Afganistán, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela han estado en la mira para la cancelación del programa. En el caso específico de Venezuela, el estatus expiró el pasado 7 de noviembre para el grupo de 250.000 personas que llegaron en 2021, mientras se espera un fallo inminente en Washington DC que afectará a otros 330.000 haitianos los próximos meses.
