Agentes del ICE estarían autorizados a entrar por la fuerza en los hogares
Un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), obtenido y verificado por la agencia Associated Press (AP), reveló una instrucción administrativa que autoriza a sus agentes a entrar por la fuerza en residencias particulares.
Esta directiva permite que el uso de la fuerza se base exclusivamente en sospechas de la presencia de extranjeros con órdenes de deportación, eliminando el requisito fundamental de presentar una orden firmada por un juez para violar la privacidad del hogar.
Esta medida representa un quiebre radical con la normativa legal vigente y las garantías constitucionales que limitan el poder policial. Al sustituir el control judicial por una simple orden administrativa emitida por la propia agencia, el Gobierno de Donald Trump desmantela el principio de separación de poderes, otorgando a los oficiales migratorios una potestad de asalto que hasta ahora se consideraba una violación directa de los derechos civiles fundamentales.
La implementación de esta política ocurre en un contexto de extrema violencia institucional, marcado recientemente por el asesinato de Renee Good a manos de un agente de ICE en Mineápolis. La muerte de esta ciudadana estadounidense durante una redada ha intensificado las protestas sociales, señalando que la falta de supervisión judicial en los operativos migratorios pone en riesgo inminente la vida de cualquier persona dentro del territorio, independientemente de su estatus legal.
Desafío a la Cuarta Enmienda y a los precedentes de la Corte Suprema
Expertos jurídicos y defensores de derechos humanos han denunciado que esta orden administrativa es flagrantemente ilegal, al contradecir de forma frontal las protecciones establecidas en la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Históricamente, el sistema legal estadounidense ha blindado la inviolabilidad del domicilio, permitiendo el ingreso forzoso de las autoridades únicamente bajo la figura de una orden de registro o arresto validada de forma independiente por un tribunal.
Durante décadas, las organizaciones de asistencia legal y los gobiernos locales han instruido a las comunidades a no abrir sus puertas a menos que se exhiba una orden judicial. Esta nueva directiva del ICE, firmada por el director interino Todd Lyons, busca invalidar esos consejos de seguridad al afirmar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha «determinado recientemente» que la Constitución no prohíbe el uso de órdenes administrativas para este fin, una interpretación que choca con numerosos fallos previos de la Corte Suprema.
Al ignorar los límites constitucionales, el Gobierno no solo vulnera los derechos de los inmigrantes, sino que establece un precedente peligroso para la seguridad jurídica de toda la ciudadanía. El cambio de criterio del DHS se presenta como un intento de normalizar la represión estatal, eliminando los «frenos y contrapesos» que impiden que los cuerpos de seguridad actúen con total impunidad dentro de las propiedades privadas.
Entrenamiento bajo el nuevo paradigma de la represión masiva
La investigación de AP revela además que esta controvertida directiva ya está siendo utilizada para adoctrinar a los nuevos reclutas de la agencia. Según un informante interno, a los oficiales en entrenamiento se les ordena seguir estrictamente la guía del memorando de Lyons, ignorando los materiales de instrucción previos que alertaban sobre la necesidad del aval judicial.
Este proceso de formación asegura que la nueva generación de agentes actúe bajo la premisa de que su autoridad administrativa está por encima de la ley.
Esta estrategia de entrenamiento coincide con la expansión masiva de los operativos de arresto y el despliegue de miles de oficiales adicionales en todo el país. La portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, ha intentado justificar la medida alegando que las personas afectadas ya han pasado por un «debido proceso». Sin embargo, esta justificación omite que una orden administrativa es un documento interno de la agencia y no posee el mismo peso legal ni las mismas salvaguardas que una orden emanada del poder judicial.
El resultado es una campaña de deportación masiva que prioriza la velocidad y la fuerza operativa sobre el respeto a los derechos humanos. Mientras el Gobierno defiende la «propiedad» de estas órdenes, las comunidades en todo Estados Unidos enfrentan un escenario donde el asalto a la vivienda se convierte en una herramienta discrecional de los agentes del ICE, dejando a las familias sin ningún recurso legal inmediato para defender la integridad de sus hogares.
