Milei da la bienvenida a 2026 con subida de servicios básicos
El inicio del nuevo año consolida un escenario de alta complejidad para la economía doméstica en Argentina. Bajo un esquema de ajuste fiscal estricto y la eliminación progresiva de la asistencia estatal, el Gobierno nacional ha oficializado una serie de incrementos en servicios básicos que impactan directamente en el poder adquisitivo de los ciudadanos, en un entorno marcado por el estancamiento de los salarios y una creciente incertidumbre financiera.
A pesar de que el Presupuesto oficial proyecta una inflación anual del 10,1%, el mercado y los sectores sociales observan esta cifra con escepticismo. La aceleración de precios en la economía real y la inercia de los aumentos mensuales en curso sugieren que el cumplimiento de la meta oficial enfrentará desafíos severos durante el primer semestre.
El impacto en la movilidad y el transporte
El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registra una presión alcista inmediata. Los usuarios de colectivos y trenes enfrentan desde enero una suba del 4,5%, elevando el boleto mínimo a niveles cercanos a los $620 en la Ciudad de Buenos Aires y superando los $685 en territorio bonaerense.
A esto se suma el ajuste en el servicio de Subte (subterráneo), que ya supera los $1.250 por viaje, y el encarecimiento de la logística vehicular particular, con una Verificación Técnica Vehicular (VTV) que en la Provincia de Buenos Aires asciende a los $97.057,65 desde mediados de mes.
Vivienda y servicios esenciales bajo nueva regulación
El sector de la vivienda experimenta una de las actualizaciones más sensibles debido a la Ley de Alquileres previa, con contratos bajo el Índice de Contrato de Locación (ICL) que sufren un ajuste anual del 36,39%. En paralelo, los servicios de red han iniciado una escala ascendente: las tarifas de electricidad en el área metropolitana registran alzas promedio superiores al 2%, mientras que el gas experimenta subas de hasta el 3% por el incremento en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte.
Por su parte, AySA ha sido autorizada a aplicar un esquema escalonado del 16% para el primer cuatrimestre, situando las facturas promedio en zonas altas por encima de los $30.000 mensuales.
Salud, combustibles y la nueva política de subsidios
El sector de la salud privada, ahora desregulado, mantiene una tendencia alcista con cuotas que suben cerca del 3% mensual sin techos vinculados a la inflación general. Este fenómeno se complementa con la actualización de impuestos a los combustibles líquidos y al CO₂, lo que genera un efecto dominó en el precio del litro en surtidores y, consecuentemente, en el costo de transporte de mercancías.
Este nuevo ecosistema de precios se ve agravado por el endurecimiento de los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La nueva normativa establece que aquellos hogares cuyos ingresos superen las tres Canastas Básicas Totales perderán la totalidad del beneficio estatal, quedando expuestos a la tarifa plena de los servicios.
La respuesta de los sectores sociales no se ha hecho esperar. Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), se ha calificado la situación como una «catástrofe política». Las autoridades gremiales advierten que el recorte en áreas críticas como Ciencia y Educación, sumado a la imposibilidad de afrontar los servicios básicos con los salarios actuales, vaticina un 2026 de alta conflictividad y tensión en el sistema público.
