TSJ confirmó 27 años para dos narcos de Sarría
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia desestimó un recurso que pretendía anular la condena de 27 años y 6 meses de prisión impuesta a dos acusados de distribuir drogas en Caracas. Tal decisión está reflejada en la sentencia 641 redactada por el magistrado Maikel Moreno y firmada por sus colegas, Carmen Marisela Castro y Elsa Gómez.
La detención de los procesados ocurrió el 17 de junio de 2022 en la calle Real de Sarría, parroquia El Recreo, Caracas, donde agentes de la Policía Nacional Bolivariana realizaban un dispositivo de saturación. En medio de ese operativo, los agentes dan la voz de alto a tres personas que se desplazaban en un Chevrolet Chevy, año 1973, placa AD557GA.
Cuando los agentes revisaron el vehículo, localizaron en el maletero dos cajas de cartón, de color blanco, que en su interior contenían 26 panelas de marihuana, dice la sentencia.
Por esa razón, los agentes procedieron a la detención de los tres ocupantes del vehículo, que quedaron identificados como Dionisio Antonio Blanco Campos (conductor del carro), Erick Enrique Corredor Zambrano (copiloto) y Samuel José Martínez Calzadilla (sentado en el asiento trasero).
Posteriormente, el 2 de agosto de 2022, el Ministerio Público solicitó abrir un juicio contra Blanco, Corredor y Martínez porque considera que están incursos en tráfico agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en las modalidades de transporte y ocultación, entre otros delitos. Tal planteamiento fue aprobado el 29 de agosto de 2022 por el Tribunal 44° de Control de Caracas.
Ese juicio se llevó a cabo entre el 14 de diciembre de 2022 y el 10 de octubre de 2023 ante el Tribunal 10° de Juicio de Caracas, que emitió condena de 15 años de prisión para el conductor del vehículo donde transportaban la droga, Dionisio Campos. Mientras que Corredor y Martínez fueron condenados a 27 años y 6 meses de prisión, recordó el TSJ.
El 21 de mayo pasado, la Corte de Apelaciones de Caracas confirmó dichas condenas. En ese caso, Erick Corredor y Samuel Martínez ejercieron una apelación extraordinaria ante el máximo tribunal de Venezuela donde consignaron el recurso de casación.
Los abogados defensores de Corredor y Calzadilla expusieron en el aludido recurso que el tribunal de juicio no valoró las pruebas presentadas, situación que fue avalada por la Corte de Apelaciones, incurriendo de esa manera en una “falta de motivación” a la hora de emitir su sentencia. Los defensores recordaron que “la motivación es un requisito de fondo de una sentencia”.
Al analizar dicho planteamiento, los magistrados respondieron que “a pesar que denuncian inmotivación del fallo, no señalan de manera precisa y circunstanciada cómo la Corte de Apelaciones incurrió en tal vicio, así como tampoco indican cómo dichas presuntas infracciones son capaces de modificar o alterar el resultado del proceso”.
En criterio de los magistrados, los abogados de Corredor y Martínez expresan en el recurso su inconformidad con la sentencia emitida por el tribunal de juicio, situación que no debe ventilarse en un recurso de casación. Al delatar ese motivo, los magistrados acusaron a los abogados defensores de los condenados de pretender “emplear la Sala de Casación Penal como si fuera una tercera instancia, lo que constituye un error en la técnica recursiva”. Por ello desestiman el recurso y dejan incólume la condena impuesta a Calzadilla y Martínez.
Van 63,1 toneladas incautadas
El jefe de la Superintendencia Nacional Antidrogas, Ferrer Sandrea, subrayó que Venezuela continúa como un territorio hostil para el tráfico de drogas. Declaró desde su programa radial que “las políticas públicas no solo se enfocan en la interdicción, sino también en la prevención mediante actividades culturales y deportivas en colegios y comunidades”. En este sentido, señaló que como parte de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, en lo que va de 2025 se ha incautado 63.129,779 kg de distintas sustancias. “Estas acciones forman parte de una estrategia integral que incluye la lucha contra el microtráfico y la aplicación de inteligencia popular en las comunidades”, indicó el jefe de la Superintendencia Nacional Antidrogas.
