Organizaciones civiles piden al Congreso de EEUU investigar asesinatos de Trump
La sociedad civil estadounidense ha alzado la voz con fuerza. En las últimas horas, 108 organizaciones de derechos humanos y justicia social —tanto nacionales como internacionales— han enviado una contundente carta al Congreso en Washington D.C. exigiendo una investigación formal sobre los recientes ataques militares en el Mar Caribe, que califican como «ejecuciones extrajudiciales» sin respaldo legal ni constitucional.
La misiva, gestionada por Drug Policy Alliance y respaldada por entidades como WOLA (Washington Office on Latin America), denuncia una peligrosa escalada bélica impulsada por la Administración Trump, que amenaza con extender violaciones de derechos humanos en países del Caribe y América Latina, incluida Colombia.
«Instamos al Comité de Servicios Armados del Senado y de la Cámara de Representantes a investigar los ataques letales ocurridos en septiembre y octubre de 2025 contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico, así como el uso de la Guardia Nacional con fines policiales en comunidades estadounidenses», señala el documento.
Entre las organizaciones firmantes destacan referentes internacionales como CELS (Argentina), LAWGEF (EE. UU.), IDPC (Reino Unido), y al menos 30 entidades latinoamericanas, incluidas las colombianas Acción Técnica Social, Dejusticia y Elementa DD.HH.
La carta acusa directamente al presidente Trump de abuso de poder y advierte que su política antidrogas representa una intensificación peligrosa de la fallida «guerra contra las drogas», tanto en el extranjero como en territorio estadounidense, donde se ha desplegado personal militar en varias ciudades.
El rechazo social no se limita a los círculos activistas. La creciente preocupación por la legalidad y moralidad de estas operaciones ha comenzado a permear en sectores académicos, religiosos y comunitarios, que ven en estas acciones una amenaza directa a los principios democráticos y al respeto por la vida.
Las organizaciones exigen al Congreso que actúe con urgencia: «Pedimos supervisión congresional firme, rendición de cuentas ante la ley y límites claros a la autoridad del Ejecutivo para ordenar ataques letales sin control legislativo», concluye la carta.
Mientras el Pentágono evita confirmar nuevos operativos cerca de Venezuela, la presión social crece. La ciudadanía exige que se detenga esta deriva militarista antes de que se cobren más vidas inocentes en nombre de una política que, lejos de resolver el problema, lo agrava.
