Petro: “El Gobierno no se protege con armas ajenas”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su profunda indignación al descubrir que el Palacio de Nariño, sede del Gobierno nacional, había sido custodiado durante años con armamento perteneciente a Estados Unidos. En un gesto que calificó como “indigno”, Petro ordenó la devolución inmediata de las armas y la reasignación de la seguridad al batallón de guardia presidencial.
“Nos desarmaron. El Palacio de Nariño quedó sin protección, un gesto de gratitud que también me dio mucha rabia porque yo no sabía. Me pareció indigno de nosotros”, declaró el mandatario, visiblemente sorprendido por lo que consideró una cesión inaceptable de soberanía nacional.
Según reveló, más de 150 armas —en su mayoría fusiles y un sistema antidrones— que resguardaban la sede presidencial eran propiedad del Gobierno estadounidense. “No sé quién tomó esa decisión, pero no fui yo. A alguien se le ocurrió la tristísima idea de cuidar el palacio central del Gobierno colombiano con armas de un gobierno extranjero”, lamentó.
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Defensa nacional con armas propias
Petro relató que se enteró de la situación tras recibir una comunicación oficial de Washington exigiendo la devolución del armamento. “En su pelea conmigo y con Colombia, mandaron una carta diciendo: ‘devuélvannos nuestras armas’. Bueno, más o menos eso fue lo que nos quisieron decir”, explicó.
Ante este escenario, el presidente ordenó que la seguridad del Palacio de Nariño fuera asumida por el batallón de guardia presidencial, tras denunciar que “la policía fue desarmada”. “Hay que tener dignidad. No las necesitamos”, sentenció.
Un mensaje inquietante
Petro interpretó la exigencia de EE.UU. como una señal preocupante hacia su administración. “El mensaje es claro: ‘No nos importa si lo matan’. Ya veré cómo me defiendo. He logrado vivir 65 años bien vividos, bien intensos, chéveres”, afirmó con tono desafiante.
La denuncia del presidente colombiano ha sido recibida como una reafirmación de su compromiso con la soberanía nacional y el rechazo a cualquier forma de tutela extranjera en asuntos de seguridad interna. Su postura marca un punto de inflexión en la relación bilateral, al poner sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿quién debe custodiar la casa del pueblo colombiano?