Ecuador finaliza acuerdo migratorio con Venezuela
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la terminación del Estatuto Migratorio suscrito con Venezuela en 2010. El instrumento permitía un procedimiento simplificado para la obtención de visas y residencias de ciudadanos venezolanos en territorio ecuatoriano.
La decisión fue tomada este miércoles con 86 votos a favor, provenientes de bancadas del oficialismo, el Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik. El movimiento Revolución Ciudadana (RC), que impulsó el acuerdo durante el gobierno de Rafael Correa, se abstuvo.
El proceso de denuncia fue solicitado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, el 11 de marzo, argumentando que se habían registrado recortes en fuentes de financiamiento para programas migratorios. La Comisión de Relaciones Internacionales del Legislativo emitió un informe favorable que permitió avanzar en el trámite.
Durante el debate, la presidenta de la comisión, Lucía Jaramillo (Acción Democrática Nacional), señaló que el estatuto ya no respondía a los objetivos iniciales y que su vigencia representaba una carga presupuestaria. Aclaró que la medida no implica el cierre de fronteras ni la pérdida de derechos para los migrantes venezolanos, sino una reestructuración de los procesos de regularización.
Impacto y cifras migratorias
Según datos de la Plataforma R4V publicados en 2024, Ecuador alberga aproximadamente 444.800 ciudadanos venezolanos, siendo el quinto país con mayor presencia de esta comunidad en América Latina, después de Colombia, Perú, Brasil y Chile.
La Corte Constitucional de Ecuador emitió un dictamen el 10 de julio en el que concluyó que la denuncia del estatuto no vulnera el derecho a la movilidad, ya que este está garantizado por la Constitución.
Durante el debate parlamentario, se planteó la necesidad de aplicar mecanismos que fortalezcan el control migratorio y la soberanía estatal frente a flujos irregulares.
Con la derogación del Estatuto Migratorio, Ecuador modifica el marco legal que regulaba la movilidad de ciudadanos venezolanos en su territorio. Las autoridades legislativas y ejecutivas han señalado que se mantendrán los canales institucionales para garantizar procesos migratorios ordenados y conforme a la normativa vigente.
