Alligator Alcatraz para la inmigración
Han convertido a la inmigración en delito, lo que formalmente explica la crítica situación en que se encuentran los derechos de circulación y de residencia que alguna vez fueron considerados derechos universales.
Hoy no es así y lo más grave es criminalizar la inmigración, como ha sucedido en Estados Unidos donde el Gobierno de Donald Trump ha creado en el Estado de Florida una gran prisión para inmigrantes, sin derecho a la defensa, sin garantías procesales. Se trata del Alligator Alcatraz, un magno centro de prisioneros al estilo Bukele que invoca a su vez la temible y desaparecida cárcel de Alcatraz en la bahía de San Francisco, EEUU.
Este Alligator Alcatraz no es otra cosa que la expresión real de un campo de concentración de migrantes prisioneros, definido como “improvisado e inhumano”, hecho con la mayor crueldad para perseguir a los migrantes e intensificar las deportaciones masivas, pero con mayor fuerza en la intimidación mediante la violencia contra ellos al ser detenidos y enviados a un lugar pantanoso, de serpientes y caimanes, de estos últimos el término alligator.
La persecución a los inmigrantes ya tiene su tiempo, desde la vieja Europa hasta llegar al nuevo continente; sin embargo, lo preocupante es criminalizar la inmigración. Y miren cómo son las cosas, en aquellos tiempos de la llegada de los europeos a estas tierras, llámese conquista o invasión que resultó en genocidio, aparece también el ius migrandi.
Ese hecho de emigrar hacia América, de venir a establecerse en este continente, se correspondía con los derechos de circulación y residencia que estaban proclamados como derechos universales. En ese entonces nadie criminalizó el hecho de vivir en cualquier lugar. Pero hoy, por ejemplo, emigrar desde México, Perú, El Salvador, Honduras o Venezuela para vivir en EEUU, es cuestionado por el Gobierno de Trump y los migrantes son perseguidos y criminalizados, a sabiendas que emigrar no es delito.
Ahí está el grave problema que precisa de una solución inmediata. Ello implica sanear y -cueste lo que cueste- “transformar en derechos de la persona”, tal como lo dice Ferrajoli, el derecho de circulación y el derecho de residencia. Estos derechos deben recobrar su carácter universal y no hacer con ellos una especie de segregación para excluir a una gran mayoría de seres humanos. La ciudadanía no puede seguir siendo un status privilegiado.
