Un código centenario a cuestas

El actual Código Penal de Venezuela fue promulgado el 15 de julio de 1926 por Juan Vicente Gómez y se atribuye su redacción a Pedro Manuel Arcaya, ministro de Relaciones Interiores, el mismo que redactó el Código Penal de 1915 bajo la influencia y modelo del Código Penal italiano de Zanardelli de 1889.

De manera que se considera que el Código de 1926, el que hoy está vigente con sus reformas, no es otra cosa que una modificación del Código de 1915 que mantiene intacta su estructura en el vigente texto penal y, por supuesto, con los respectivos cambios propios de cualquier reforma, sobre todo en delitos políticos. Por eso digo que llevamos a cuestas un código penal centenario y ya es tiempo de que aparezca uno nuevo que responda a las novedades del moderno derecho penal, sin ignorar que el derecho penal internacional y el derecho a los derechos humanos sufren en la actualidad una grave crisis por el desconocimiento y violaciones de que son objeto por parte de potencias o países con conciencia hegemónica.

En la actualidad las leyes no funcionan correctamente o como deberían ser, y porque además en su aplicación producen consecuencias injustas y arbitrarias, tal como lo advierte el jurista Winfried Hassemer para indicar la gravedad de la situación.

Quiero recordarles que hubo un intento de elaborar el nuevo código penal entre los años 2000 y 2002, en el gobierno del presidente Hugo Chávez. En aquel entonces preparamos un proyecto de la parte general adaptándolo a las nuevas exigencias de la teoría del delito y de la pena. Pero quiero decirles otra cosa: en la elaboración de leyes penales siempre se meten “legisladores” de mentes cortas, sin una reflexión de dogmática penal y terminan creando normas poco claras, no bien pensadas y con un efecto que no se vincula a la definición de un delito sino al aumento de penas. Hay entonces una respuesta torpe al control social por causa de la irracionalidad que penetra la teoría del delito. Cuando eso sucede el derecho penal toma el camino de la expansión, prescinde del principio de legalidad y se convierte en instrumento peligroso contra todos.

Ha llegado el momento de retomar la idea del nuevo código penal, pero sin la presencia de ese tipo de “legisladores” con propuestas caprichosas. No olvidemos que las normas penales deben ser pensadas con cuidado, tanto en su creación como en su aplicación. Así lo pienso.