Quienes roban Citgo, conjuran para la suspensión de Chevron
José Ignacio Hernández, quien tras haber trabajado como abogado para la minera canadiense Crystallex fue nombrado por Juan Guaidó procurador de Venezuela para, supuestamente, defender a la refinadora venezolana Citgo del intento de apropiación encausado por esa misma empresa en la cual laboró, es uno de los autores del documento que contiene algunas de las causales esgrimidas por Donald Trump para suspender las operaciones de Chevron y de otras petroleras estadounidenses en Venezuela.
El documento titulado “Poner fin al salvavidas petrolero de Maduro: revisar las licencias petroleras otorgadas en virtud de los acuerdos de Barbados”, también está firmado por la miembro del partido Voluntad Popular Alexandra Winkler, quien fuera secretaria de Gobierno del municipio El Hatillo, cuando David Smolanski era su alcalde, en 2019.
La publicación no menciona si el escrito fue enviado y menos si fue presentado ante Trump por la organización lobista denominada Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, Csis, responsable de su publicación.
La web de Csis reseña que fue “…creada en pleno apogeo de la Guerra Fría en EEUU, en 1962, con los propósitos de definir el futuro de la seguridad nacional y de alcanzar el objetivo simple pero urgente de encontrar formas para que Estados Unidos sobreviviera como nación y prosperara como pueblo”, dice.
Bastaría con señalar que el documento es una construcción discursiva que se retroalimenta a sí misma mediante el uso de postverdades, las cuales son producto de hechos inventados o supuestos instalados por la fuerza mediática y uso de las redes sociales en sectores de una opinión pública que, en su mayoría, está sesgada o predispuesta a la aceptación de tales hechos como verdades.
La exageración o hipérbole, la descontextualización y adulteración de cifras, así como el uso de fuentes acopladas a la preconcebida intencionalidad política comunicativa, son las variables mayormente empleadas. Y, como es de prever, con semejante metodología los análisis hacen esfuerzos retóricos por torcer la realidad, pero no aciertan.
Veamos. Uno de sus tantos párrafos dice: “La oposición democrática de Venezuela ha estimado que Maduro ha recaudado miles de millones operando empresas (petroleras mixtas) conjuntas, en el aproximado de 500 millones de dólares por mes. Se trata de dinero real que Maduro puede utilizar para sobornar a personas privilegiadas del régimen y mantener el poder”.
Véase el uso de muletas retóricas orientadas a complacer las opiniones preconcebidas de sus públicos objetivos, tales como: La oposición es democrática. En Venezuela no hay Gobierno, hay régimen. La palabra de presidente nunca es mencionada. No hay Poder Ejecutivo, solo Maduro, único responsable, repetido insaciablemente. El Pueblo como categoría socio política no se encuentra en ninguna de sus líneas. El país es visto desde la perspectiva de nación párvula, imberbe, carente de capacidad para gobernarse, requerida de manera permanente de la asistencia internacional.
Un artículo ejemplo es el escrito por Winkler bajo el título: “Posibles escenarios para el futuro de Venezuela en 2020”. El análisis mediante el ineludible contraste con la actual realidad del país nos lleva al dilema de saber si el personal del Csis está dotado de los llamados think tank, tanques de pensamientos, o su nómina está compuesta por aquellos carritos de plomo de nuestra niñez.
Leamos sólo uno. El artículo de Winkler apunta: “El escenario D es el más alentador. Siguiendo las pautas establecidas por el Marco de Transición Democrática del Departamento de Estado, Maduro y Guaidó se apartarían para dar paso a un Consejo de Estado temporal que podría administrar elecciones libres y justas, supervisadas por la comunidad internacional. Tanto Guaidó como Maduro son elegibles para postularse a la presidencia. A cambio, EEUU levantaría progresivamente las sanciones”.
Si Trump toma decisiones como la suspensión de las licencias a las petroleras estadounidenses en Venezuela, tomando en cuenta el documento hecho por Hernández y Winkler, es probable que pronto se vea obligado a reformular algunas de sus órdenes ejecutivas.
