Redes sociales normalizan la violencia en los planteles
En las últimas semanas, la comunidad venezolana se vio conmocionada por dos situaciones de acoso escolar en la Unidad Educativa Juan José Escalona de El Hatillo, en el estado Miranda. Ambos casos se viralizaron en las redes sociales, lo que, según la psicóloga Yadira Hidalgo, impulsa una red de violencia que genera más violencia.
En el contexto de los eventos que involucraron a jóvenes en el municipio mirandino, Últimas Noticias conversó con profesionales que, en materia de psicología y derecho, brindaron orientación sobre el abordaje de este tipo de eventualidades.
Hidalgo precisó que en estos casos las plataformas digitales tienen una participación e influencia importante, debido a que a través de estas se han normalizado las conductas violentas que algunos jóvenes tienen sobre otros, hasta el punto de que la comunidad de usuarios viraliza estos videos y algunos hacen comentarios de burla, exacerbando la agresión e incluso promoviéndola.
Calificó el escenario como un ciclo de violencia, puesto que no es solo el hecho de que publiquen el contenido, sino que los internautas hacen comentarios que pueden definirse como agresivos, no solo hacia la víctima sino, además, hacia los agresores que, al ser niños o adolescentes, se consideran, igualmente, víctimas de las circunstancias o del entorno en el que viven.
La especialista detalló que las personas que graban y publican en redes sociales los videos donde es sometido un menor de edad muestran actitudes delictuales, y se consideran sus acciones como la exacerbación del ego, buscando más seguidores o likes (me gusta). Muchas veces los jóvenes que actúan de esta manera desconocen que existen sanciones o creen que pueden escapar de ellas.
Atención
Hidalgo explicó que para estos casos debe ser atendida la salud mental, tanto de las víctimas como de quienes cometen la agresión, y de los padres, madres o representantes de los niños o adolescentes involucrados en el hecho.
Respecto a las víctimas, enfatizó que deben ser abordadas no victimizándolas, sino desde la fortaleza. Para ello se analiza desde el desarrollo de los acontecimientos, así como su historia como ser humano.
Entretanto, debe examinarse en las personas agresoras la razón de sus comportamientos, ya que, generalmente, esas conductas no son nuevas ni las adoptaron para viralizar un video; pueden ser aprendidas del entorno, porque viven en hogares violentos; también pueden ser de origen genético, biológico o que no les pusieron límites a esas actitudes en la educación.
Aconsejó a padres, madres y representantes estar atentos a las señales que dan los hijos cuando son agredidos en los planteles. La señal principal es el cambio de ánimo; los niños violentados muestran una conducta de ensimismamiento, de aislamiento o muchas veces expresan que no quieren ir al colegio o no desean salir de la casa. Hidalgo relató que esas conductas varían según la edad del infante.
Esos cambios de humor o comportamiento son una alerta y por ese motivo es necesario entablar conversaciones con los chamos y hacerlos sentir seguros. De acuerdo con la especialista, es una labor conjunta de los padres o representantes, así como de los docentes en los centros educativos.
Sin impunidad
El abogado penalista, Ángelo Echeverría, indicó que es importante que los casos de acoso escolar sean sancionados porque lo que no se corrige se repite. Por ende, si las víctimas o la comunidad testigo no denuncian las conductas negativas, el abusador podría reafirmar su posición de poder y continuar con la actitud, extendiéndola a los demás compañeros. Incluso puede acosar a una misma víctima hasta causarle serias afectaciones emocionales.
Para evitar consecuencias mayores, es necesario poner un alto a esas acciones, corregir y hacer entender al agresor que su comportamiento tiene consecuencias que pueden repercutir perfectamente en su persona.
Ante esta situación, Echeverría expresó que tanto las familias como la comunidad educativa deben enfrentar este tipo de agresiones hacia los menores de edad para que no se perpetúen en el tiempo e impedir las derivaciones fatales, tales como suicidios, lesiones graves, entre otras.
La impunidad es resultado del desconocimiento que aún existe entre los jóvenes sobre las sanciones que acarrean someter a sus compañeros en el colegio o liceo. Ingrid Medina, abogada, explicó que según el artículo 628 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), la responsabilidad penal es a partir de los 14 años.
En ese sentido, añadió que, cuando los jóvenes están inmersos en estos delitos, evidentemente, tienen unas sanciones a través de un juicio educativo y, en algunos casos, son privados de libertad.
Padres
En relación con los padres, madres o representantes legales, Medina expuso que cuando los adolescentes tienen responsabilidad penal, no se procede contra sus familias, evidentemente porque las penas se individualizan y al tener 14 años, los progenitores quedan exentos.
Sin embargo, si el joven no tiene la edad mínima, intervendrá el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescentes con charlas, terapias, ayuda psicológica, entre otros. En estos casos, sí entran los progenitores, quienes deben ser atendidos por un equipo multidisciplinario para recibir orientaciones; inclusive, se les puede pedir colaboración mediante servicio comunitario.
Respecto a ese tema, el penalista Ángelo Echeverría puntualizó que los padres son corresponsables del accionar de cada uno de sus hijos menores de edad, por lo que se canaliza con ellos la aplicación de medidas socioeducativas, orientadas a la evaluación psicológica, psicopedagógica y el abordaje con un equipo especializado en el área infantil.
El jurista acotó que, si bien no hay delito tipificado para acoso escolar, según la conducta desplegada por el sujeto activo, se encuadra en el Código Penal o la Lopnna.
Sarah Espinoza
