24 abril, 2026
De San Remo a Caracas

Estimados lectores, por una emergencia en una situación crítica de mi salud y la resolución quirúrgica cumplida, fue imposible escribir mis opiniones en las últimas cinco semanas, pero he vuelto gracias al doctor Miguel Vitale y a su eficiente equipo de médicos, enfermeras y enfermeros que me atendieron en todo ese proceso de mi padecimiento. Fui bien atendido por médicos venezolanos, bien formados en nuestras facultades de Medicina, con sus conocimientos especializados, su adiestramiento técnico y una diligencia de buen trato al paciente por parte del personal de la clínica que me acogió con todos sus medios tecnológicos en el procedimiento quirúrgico. Reitero las gracias a todos ellos y a la Santiago de León. Son médicos venezolanos que ejercen acá, otros ejercen fuera del país, pero son buenos profesionales en cualquier lugar. Lo digo porque en esa relación médico-paciente se percibe las cualidades especiales de los nuestros, como su competencia científica, su sentimiento de solidaridad humana y la honradez profesional.

La salud, al igual que la justicia y la educación son prioridades constitucionales. Y a ellas me refiero conjuntamente. Eso significa que la Constitución bolivariana no tendría sentido sin estos tres derechos sociales fundamentales; pero también significa la obligación que tiene el Estado de garantizar a los médicos que prestan servicios en ambulatorios, hospitales generales y demás centros médicos públicos, un salario justo y digno. Lo mismo para los jueces que administran justicia y para los maestros encargados de la enseñanza.

Ellos merecen los mejores salarios. Un salario justo y digno para un juez haría posible una justicia menos corrupta, es decir, lograría que un acto jurisdiccional no se convierta en acto venal. Por supuesto, un maestro bien pagado, sin el riesgo de salarios de hambre, es garantía del derecho de todos a una educación integral de calidad, permanente, tal cual reza en la Constitución.

En fin, aprovecho esta oportunidad para reconocer el buen nivel de capacidad profesional de nuestros médicos, así como expresar la obligación que tiene el Estado venezolano de proveer de salarios justos y dignos a médicos, jueces y maestros para que estos procesos fundamentales de salud, justicia y educación puedan alcanzar sus fines. Repito, la salud y el derecho a la vida, la justicia y la educación son prioridades constitucionales.

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